Ley de la memoria histórica
La ley de la memoria histórica avanza a buen ritmo hasta el momento.
Llamazares valora que el nuevo texto “cambia como de la noche al día” la ley de memoria histórica al establecer la derogación total del aparato legal de la dictadura
Madrid, 8 de octubre de 2007.-
El presidente del Grupo Parlamentario de IU-ICV en el Congreso, Gaspar Llamazares, explicó hoy en rueda de prensa que el principio de acuerdo alcanzado entre todos los grupos de la Cámara –salvo PP y ERC- sobre la conocida como Ley de Memoria Histórica supone un paso "importante" porque establece la "derogación del aparato legal de la dictadura" franquista.Llamazares subrayó que el nuevo texto de la ley “ha cambiado como de la noche al día" respecto al proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2006, que tachó de “equidistante y sin contenido de cambio”.La sobresaliente mejora alcanza también a la redacción de algunos puntos básicos pactada con el PSOE el pasado mes de abril, que sirvió para desbloquear el proceso. “Además de las referencias a la ilegalidad e ilegitimidad de los juicios y tribunales, ahora se planteaban las conexiones con los procedimientos judiciales y sus consecuencias posteriores", afirmó. El máximo responsable de IU detalló que la nueva redacción “señala claramente la derogación del aparato legal creado durante la dictadura franquista, lo que supone que no podrá ser invocado ya más en ningún juicio ordinario o extraordinario”. De hecho, tal y como han recogido ya en los últimos días diversos medios de comunicación, el último borrador de esta ley establece que “la Ley incluye una disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas dictadas bajo la Dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”. Además, el texto establece que “se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados u órganos de cualquier naturaleza administrativa creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo, así como la ilegitimidad de las sanciones y condenas de carácter personal impuestas por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas”. Y para que no haya ninguna duda la redacción establece que “se subraya, así, de forma inequívoca, la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos y se contribuye a la rehabilitación moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas”. Llamazares advirtió de que "todavía queda trabajo por delante, pero lo básico está", al tiempo que mostró su confianza en que el proyecto pueda mejorarse durante el trámite parlamentario con la aportación de otros grupos, entre ellos ERC. En su opinión, la norma que salga del Parlamento será una auténtica "Ley de Memoria" porque "después de 30 años, condena sin ambages el franquismo". De hecho, en la Exposición de Motivos se incluye una condena expresa que hace referencia, por una parte, a la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2002 y, por otra, al Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París en marzo de 2006 donde se denuncian las “graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975”. El coordinador general de IU también lo calificó como una norma "de justicia, porque avanza sustancialmente en la anulación legal de los juicios ilegítimos de la época, y de reparación, porque reconoce a todos los colectivos que lucharon por la democracia en España, elimina los símbolos de la desunión y el enfrentamiento, y garantiza archivos o exhumaciones".Resumió la iniciativa como “la base de un relato colectivo sobre la legitimidad democrática frente a la ilegitimidad del golpe, de la violencia y de la represión". Y opuso esta idea “a lo que dice de ella la derecha española, que es una ley que reabre heridas. Muy al contrario, cierra la herida del olvido y la herida de la humillación de una parte importante de los españoles: de los republicanos, de los antifranquistas, de los que nos legaron en buena parte la democracia de la que hoy disfrutamos"."No pretende reabrir ninguna herida –insistió- a no ser que una parte de la derecha española todavía se mantenga mirando hacia atrás. Parece que una parte de la dirección del PP mira más hacia el Valle de los Caídos que a la derecha del siglo XXI".Llamazares valoró que el texto acordado por los grupos parlamentarios es "el más importante desde la Ley de Amnistía" en esta materia y mostró su seguridad de que las organizaciones políticas, sociales y culturales que participaron en la lucha por las libertades hoy "estarán más satisfechas" porque se ha respondido a "una parte importante de sus reivindicaciones"."Estoy seguro de que el Partido Comunista de Dolores Ibarruri hoy no estaría completamente satisfecho, pero sí satisfecho", dijo.
Madrid, 8 de octubre de 2007.-
El presidente del Grupo Parlamentario de IU-ICV en el Congreso, Gaspar Llamazares, explicó hoy en rueda de prensa que el principio de acuerdo alcanzado entre todos los grupos de la Cámara –salvo PP y ERC- sobre la conocida como Ley de Memoria Histórica supone un paso "importante" porque establece la "derogación del aparato legal de la dictadura" franquista.Llamazares subrayó que el nuevo texto de la ley “ha cambiado como de la noche al día" respecto al proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2006, que tachó de “equidistante y sin contenido de cambio”.La sobresaliente mejora alcanza también a la redacción de algunos puntos básicos pactada con el PSOE el pasado mes de abril, que sirvió para desbloquear el proceso. “Además de las referencias a la ilegalidad e ilegitimidad de los juicios y tribunales, ahora se planteaban las conexiones con los procedimientos judiciales y sus consecuencias posteriores", afirmó. El máximo responsable de IU detalló que la nueva redacción “señala claramente la derogación del aparato legal creado durante la dictadura franquista, lo que supone que no podrá ser invocado ya más en ningún juicio ordinario o extraordinario”. De hecho, tal y como han recogido ya en los últimos días diversos medios de comunicación, el último borrador de esta ley establece que “la Ley incluye una disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas dictadas bajo la Dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”. Además, el texto establece que “se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados u órganos de cualquier naturaleza administrativa creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo, así como la ilegitimidad de las sanciones y condenas de carácter personal impuestas por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas”. Y para que no haya ninguna duda la redacción establece que “se subraya, así, de forma inequívoca, la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos y se contribuye a la rehabilitación moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas”. Llamazares advirtió de que "todavía queda trabajo por delante, pero lo básico está", al tiempo que mostró su confianza en que el proyecto pueda mejorarse durante el trámite parlamentario con la aportación de otros grupos, entre ellos ERC. En su opinión, la norma que salga del Parlamento será una auténtica "Ley de Memoria" porque "después de 30 años, condena sin ambages el franquismo". De hecho, en la Exposición de Motivos se incluye una condena expresa que hace referencia, por una parte, a la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2002 y, por otra, al Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París en marzo de 2006 donde se denuncian las “graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975”. El coordinador general de IU también lo calificó como una norma "de justicia, porque avanza sustancialmente en la anulación legal de los juicios ilegítimos de la época, y de reparación, porque reconoce a todos los colectivos que lucharon por la democracia en España, elimina los símbolos de la desunión y el enfrentamiento, y garantiza archivos o exhumaciones".Resumió la iniciativa como “la base de un relato colectivo sobre la legitimidad democrática frente a la ilegitimidad del golpe, de la violencia y de la represión". Y opuso esta idea “a lo que dice de ella la derecha española, que es una ley que reabre heridas. Muy al contrario, cierra la herida del olvido y la herida de la humillación de una parte importante de los españoles: de los republicanos, de los antifranquistas, de los que nos legaron en buena parte la democracia de la que hoy disfrutamos"."No pretende reabrir ninguna herida –insistió- a no ser que una parte de la derecha española todavía se mantenga mirando hacia atrás. Parece que una parte de la dirección del PP mira más hacia el Valle de los Caídos que a la derecha del siglo XXI".Llamazares valoró que el texto acordado por los grupos parlamentarios es "el más importante desde la Ley de Amnistía" en esta materia y mostró su seguridad de que las organizaciones políticas, sociales y culturales que participaron en la lucha por las libertades hoy "estarán más satisfechas" porque se ha respondido a "una parte importante de sus reivindicaciones"."Estoy seguro de que el Partido Comunista de Dolores Ibarruri hoy no estaría completamente satisfecho, pero sí satisfecho", dijo.
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