Las consecuencias electorales y sociales de la Transición

Vicenç Navarro. Publicado en Temas para el Debate. Junio 2008

Una percepción generalizada en la cultura política y mediática de nuestro país es que la Transición de la dictadura a la democracia en España fue modélica. A finales de los años setenta se pasó de un sistema político carente de libertades democráticas a otro en que la soberanía procedía del voto popular y ello ocurrió sin mayores convulsiones en la sociedad. De ahí la definición de aquel proceso como modélico. Ahora bien, esta voluntad popular se ha expresado durante treinta años de democracia a través de un proceso electoral que está sesgado discriminando a las izquierdas, lo cual es resultado del gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron durante la Transición. La mejor prueba de lo que digo es mirar la evolución durante todo el proceso democrático del voto popular en las elecciones a las Cortes Españolas, por un lado, y la composición de tales Cortes, por el otro. Se puede ver que en la gran mayoría de elecciones desde que se inició la democracia, la suma de los votos a partidos de izquierda es mayor que la suma de los partidos de derecha. Las únicas excepciones fueron las elecciones del 1977 y 1979, inmediatamente después de la Transición, y las del 2000 cuando la abstención, (que aquel año fue predominantemente de izquierdas) alcanzó la cifra record de 31%. Pero en todas las otras elecciones 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2004 y 2008, los votos de las izquierdas han sido muy superiores a los votos de las derechas, siendo el margen de diferencia de 1.250.822 votos (el menor) en 1996 a 2.677.061 (el mayor) en el año 1982. Estos datos muestran que durante la mayor parte del período democrático la mayoría de la población votante en España ha sido de centro izquierda e izquierdas. Sería de esperar, por lo tanto, que en la gran mayoría de legislaturas del proceso democrático, España hubiera estado gobernada por partidos de izquierda que sumarían la mayoría en las Cortes Españolas. Esto no ha sido así. En realidad, sólo durante quince años, España ha estado gobernada por partidos de izquierda que hayan tenido tal mayoría en las Cortes. El PSOE gobernó en mayoría absoluta durante el periodo 1982-1993 y en 2004-2008 en mayoría relativa, gobernando con el apoyo de otros dos partidos de izquierda, IU-ICV y ERC. Los demás periodos estuvo gobernada por partidos conservadores UCD y PP (este último en mayoría absoluta durante el periodo 200-2004) o por el partido mayoritario dentro de las izquierdas, el PSOE, con el apoyo de partido nacionalista conservador catalán CIU (durante el periodo 1993-1996). El último ejemplo de esta disparidad entre voto popular y representatividad política se ha producido este año. Las izquierdas sumaron un millón y medio más de votos que las derechas y, sin embargo, la suma de parlamentarios de PSOE con IU-ICV y ERC no constituyen la mayoría en las Cortes y es probable que el PSOE se alíe con fuerzas conservadoras para poder gobernar. Hasta aquí los datos. Este sesgo discriminatorio en el diseño del proceso electoral respondió a una voluntad política de debilitar a las izquierdas y muy en especial al entonces Partido Comunista, que habiendo liderado la lucha contra la dictadura, era la fuerza política más temida por el establishment conservador. Así lo han indicado protagonistas de tal establishment como Herrero de Miñón, asesor al Presidente Suárez y el ex-Presidente del Gobierno Español, Calvo Sotelo. El PSOE aceptó aquel proceso porque el bipartidismo que el sistema electoral determina, le favorece. En las últimas elecciones el PSOE y el PP tuvieron 11 y 10 veces más votos y 85 y 75 veces más diputados que IU-ICV. No existe, por cierto, una sobrerepresentación de los nacionalistas catalanes (uno de derechas CIU) y otro de izquierdas (ERC) en las Cortes Españolas, como constantemente acentúan los nacionalistas españoles. CIU obtuvo el 3% de los votos y el 2,9% de los diputados y ERC, el 1,2% de los votos y menos de 0.9% de escaños. El sistema bipartidista actual desfavorece al conjunto de las izquierdas, como lo constata el hecho de que hoy es imposible la alianza PSOE-IU aun cuando es la alianza preferida por el electorado mayoritario de izquierdas, incluido el del PSOE. Las encuestas así lo confirman. Las consecuencias de lo dicho hasta ahora son muchas y han afectado negativamente el desarrollo del Estado del Bienestar en España. De nuevo, los datos hablan por sí mismos. Un buen indicador del nivel de desarrollo de tal Estado es el gasto público social por habitante. Tal indicador mide lo que el Estado se gasta en pensiones, en sanidad, en educación, en escuelas de infancia, en servicios de dependencia, en vivienda social, en servicios sociales y en otras transferencias de fondos y servicios públicos que impactan en la calidad de vida de la ciudadanía. En Europa hay una relación clara entre años de gobierno de centro izquierda e izquierda en un país y su gasto público social por habitante habiendo alcanzado niveles más altos en los países escandinavos, donde la social democracia ha gobernado durante mayor número de años en los últimos sesenta años. Esta relación se da también en España donde, en el mismo periodo, las derechas han gobernado durante más tiempo, siendo esta la principal causa del subdesarrollo social de España. Así cuando el Dictador murió en 1975, España tenía el gasto público social más bajo de Europa como resultado de cuarenta años de una dictadura enormemente represiva y con muy escasa sensibilidad social. El advenimiento de la democracia permitió ir corrigiendo este gran déficit social, aumentando tal gasto de una manera muy acentuada en el periodo 1982-1993 de gobierno del PSOE con mayoría absoluta. En las elecciones del 1993, el PSOE perdió la mayoría y se alió con CIU, el Partido nacionalista de centro-derecha de Cataluña, iniciándose un periodo de austeridad de gasto social que continuó más tarde con los gobiernos del PP, aliado en el periodo 1996-2000 con CIU, y en mayoría absoluta durante el periodo 2000-2004. En el periodo 1993-2004, el déficit de gasto social de España con el promedio de la Unión Europea de los Quince aumentó nada menos que un 56%. La convergencia económica de nuestro país con la UE-15 no fue acompañada de una convergencia de gasto público social. Antes, al contrario, hubo una desconvergencia que se interrumpió a partir del 2004, cuando el partido socialista gobernó con el apoyo de IU-ICV y ERC. Durante el período 2004-2008 el déficit de gasto público social de España con el promedio de la UE-15 se comenzó a reducir debido a las políticas sociales desarrolladas por el PSOE, con el apoyo IU-ICV y ERC. Esta reducción, sin embargo, fue lenta e insuficiente para cubrir el enorme déficit de gasto público social que tenemos en nuestro país y que se traduce en que mientras el PIB per capita de España ya es el 96% del promedio de la UE-15, el gasto público social per cápita es sólo el 67%, siendo el nuestro uno de los más bajos de la UE-15. Me temo que, al tener que aliarse el PSOE con los partidos nacionalistas conservadores se vuelva a repetir la experiencia de 1993, cuando en momentos de crisis económica como ahora, dejó de corregirse el déficit público social español. Y ello a pesar de que la mayoría de la población votó entonces y continúa votando ahora a partidos de izquierda deseando la convergencia no solo económica sino social con la UE-15. Si ello ocurre, podremos ver, una vez más, los costes de como se hizo la transición.