Latinoamérica rechaza a una sola voz la ley antiinmigración aprobada en Europa

El presidente de Ecuador manifestó que explorará la "posibilidad de cortar los diáologos con la UE. "Los países civilizados no podemos hablar con países que han ejercido esa clase de conductas".
Caracas, 21 de junio de 2008/ Gobiernos, parlamentos e instituciones regionales de América Latina expresaron su rechazo a la ley de inmigración sancionada esta semana por el Parlamento de la Unión Europea (UE), denominada "Directiva de Retorno", que criminaliza a los indocumentados y ordena su encarcelamiento.
De manera unánime, mandatarios y voceros calificaron la medida como discriminatoria y violatoria de los derechos humanos, y manifestaron su temor por el cariz que ha tomado la política exterior europea, en pleno siglo XXI.
Este viernes, el Mercado Común del Sur (Mercosur) dejó por sentado su rechazo a la Directiva, que ordena el encarcelamiento en centros especiales de los inmigrantes no regularizados, por un período que va desde 6 meses a 18 meses y sin derecho a un proceso jurídico. Además, contempla la expulsión de menores no acompañados y la prohibición de regresar a la UE.
Argentina, en su carácter de presidente protémpore del mecanismo de integración, emitió un comunicado en el que aseveró que los países del bloque "lamentan la aprobación por parte del Parlamento Europeo (el miercoles) de la Directiva de Retorno".
En la declaración, los países del Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y Venezuela, así como sus asociados, Chile y Bolivia- "reafirman su firme compromiso con la promoción y el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias".
Los derechos de las personas deben ser garantizados "independientemente de su condición migratoria, nacionalidad, origen étnico, género o edad", añade el texto, a la vez que destaca "la necesidad de reconocer el principio de corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios".
El gobierno brasileño ya había "lamentado" el miércoles, a través de un comunicado, la medida europea: "Brasil, país que dio acogida a millones de inmigrantes, lamenta una decisión que contribuye a crear una percepción negativa de la inmigración", dice el texto.
La medida "va en sentido contrario al de una deseada superación de las trabas a la libre circulación de personas y de una más amplía y plena convivencia entre los pueblos", añade.
La Cancillería de Chile, por su parte, indicó que también que el Gobierno de Michelle Bachelet "lamenta" la aprobación de un nuevo plan migratorio europeo, y que considera que viola los derechos fundamentales al criminalizar a los inmigrantes ilegales.
Bajo esta regulación se les somete "a procedimientos que pueden lesionar sus derechos básicos y que vulneran el principio de reunificación familiar consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos", agregó el texto.
En el comunicado, Chile además "reclama un tratamiento justo y humanitario en favor de los inmigrantes en la Unión Europea, en correspondencia con el trato generoso y abierto que Chile y el resto de América Latina han brindado tradicionalmente a los nacionales europeos en sus territorios".
Izquierda denuncia agresión
Los gobiernos izquierdistas de la región tuvieron duras palabras contra la decisión de los Veintisiete.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, como titular pro témpore de la Comunidad Andina (CAN), deploró la normativa y expresó que buscarán respuestas claras, pues opinó que la medida es contradictoria, toda vez que la CAN y la UE están evaluando un acuerdo político comercial.
"De qué cooperación están hablando cuando se trata de criminales a los migrantes", dijo y aseveró que si dependiera de su gobierno, "suspendería esas negociaciones" pues "¿acaso vamos a hablar solo de negocios y hacernos de la vista gorda con los derechos humanos?.
De su lado, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, manifestó que "esa ley donde establecen penas de cárcel para los inmigrantes es terrorista" ya que "incluye forma y mecanismos de chantaje para sacar a los inmigrantes de Europa".
"Todo esto se llama terrorismo de Estado y lo están practicando los europeos, y nosotros lógicamente lo condenamos", enfatizó Ortega.
De igual forma, el presidente de Bolivia, Evo Morales, aseveró que la decisión de la UE es "una agresión a la humanidad y a la vida".
El Jefe de Estado andino exhortó a los parlamentarios y gobernantes de la UE a ponerse "la mano en el pecho y revisar la historia". Les recordó que "en 500 años nunca se decidió expulsar a nadie" de América Latina pese a que "nos han saboteado, sauqeado, humillado, odiado y explotado".
A estas posiciones se suman la del ex presidente cubano Fidel Castro quien este viernes calificó la medida como "brutal" y el mandatario venezolano quien el jueves pasado advirtió a los países que apliquen esta normativa, que suspenderá el suministro de pertóleo.
"Hay que rechazar con toda el alma esta llamada Directiva del Retorno" que criminaliza a los inmigrantes, dijo Chávez.
Derecha también rechaza
Mientras que en Perú, el presidente Alan García, de centroderecha, afirmó que la medida "no es justa", ya que no se puede sancionar a muchos por los delitos de algunos pocos.
García aseveró que con esta política, Europa "le da la espalda a la historia", pues excluye a los inmigrantes que han generado aportes a ese continente.
El madatario peruano dijo que su Gobierno no sólo "defenderá a sus connacionales, sino a todos los latinoamericanos. Por los delitos de unos cuantos no pueden sancionar a los millones de latinoamericanos que existen".

Rechazo de IU a la propuesta de la jornada laboral de 65 Horas

11 de Junio de 2008
Madrid,Bruselas, 10 de junio de 2008
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha tachado hoy de “escándalo inadmisible al que desde IU nos opondremos radicalmente” la ampliación de los límites de la jornada laboral aprobada la pasada madrugada por los ministros de Trabajo de la UE, tumbando la jornada laboral máxima de 48 horas existente en estos momentos.

Llamazares valora que “esta decisión vergonzosa tomada con nocturnidad y alevosía supone dar el tiro de gracia al modelo social que tanto ha costado construir en Europa, pese a las muchas carencias e imperfecciones de las que adolece. El que un empleado de cualquier sector se vea obligado a trabajar un máximo de 60 horas a la semana e, incluso, hasta 65 para colectivos determinados como el de los médicos, y que esto pueda ser negociado individualmente por el empresario, es el mayor ataque a los trabajadores en décadas. Niega la propia historia política y social seguida hasta ahora por la Unión Europea".

El máximo dirigente de IU señala que “los gobiernos europeos, capitaneados por los reaccionarios ministros de la derecha hacen que Europa se niegue a sí misma niegue las luchas de los trabajadores del siglo XX y volvamos a la Europa del siglo XIX en la que primaba los beneficios empresariales a costa de la explotación de la mano de obra”.

Gaspar Llamazares adelantó que IU “no reparará en esfuerzos, iniciativas y movilizaciones para frenar la vuelta de tuerca neoliberal neoliberal y ultraconservadora que se nos viene encima".

Al tiempo, exigió al Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero que “se ponga en contacto de inmediato con los sindicatos, los agentes sociales y con todas las organizaciones que tengan algo que decir y demuestre que representa a una formación progresista empezando a elaborar una posición crítica y alternativa que vaya más allá de las declaraciones más o menos grandilocuentes de algunos dirigentes socialistas”.

Meyer: Los ministros de trabajo de la UE han dado luz verde esta madrugada a un texto que revisa la Directiva que regula el tiempo de trabajo. Entre otras medidas, este texto permitiría ampliar la jornada laboral a 60 horas semanales e incluso a 65 para sectores como el sanitario o los servicios de emergencia.

El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer ha calificado este texto como "aberrante" y como "el mayor ataque a los derechos laborales en la historia de Europa". Según el eurodiputado "esta propuesta supone una grave involución de los logros conseguidos gracias a la clase obrera que se ven reflejadas en los principios de la OIT."

Esta discusión, que estaba paralizada desde 2004 a causa de la posición de España, Chipre, Italia y Francia ha sido posible gracias a las victorias de Sarkozy y Berlusconi, que ahora se han hecho decantar la balanza.

En opinión de Meyer "la propuesta ha salido ahora adelante para avalar el incumplimiento que ya está ocurriendo en muchos países en cuanto al tiempo máximo de jornada laboral en sectores como el sanitario o el de transporte".

Una de las medidas más polémicas es el incremento de la jornada laboral a 60 horas e incluso a 65 horas semanales para los trabajadores de los servicios sanitarios y de emergencia., estipulando un periodo de referencia de 12 meses para el cálculo de la media de horas laborales. A este respecto Willy Meyer ha constatado que: "cuanto mayor es el periodo, mayor es el riesgo de que los trabajadores se vean sometidos a jornadas laborales abusivas."

La Directiva introduce además la "cláusula opt-out" según la cual el empresario y el trabajador podrían acordar un incremento de la jornada laboral. Para Meyer esta cláusula "profundiza la precarización en el empleo y consolida la individualización de las relaciones laborales."

Otra de las modificaciones que se ha aprobado modificar es la relativa al concepto de tiempo de trabajo. Como ha explicado Meyer: "la Directiva pretende no considerar como tiempo de trabajo los periodos que, aún permaneciendo en el lugar de trabajo, o estando requeridos, los trabajadores no estén realizando un trabajo efectivo: hablamos por ejemplo de las guardias médicas."

En definitiva, para Meyer esta propuesta de Directiva supone un grave ataque a los derechos de los trabajadores y demuestra la orientación que está tomando la Unión Europea más preocupada por garantizar los beneficios de las empresas que de proteger el Estado social: una Europa donde gana el mercado y pierde el ciudadano."

Willy Meyer ha llamado a la movilización y la contestación por parte de los trabajadores a estas medidas, y ha anunciado que el Grupo de la Izquierda Unitaria iniciará cuantas medidas sean necesarias, junto con los sindicatos europeos para combatir este grave ataque a los derechos laborales.

Miralles diu que "ampliar la setmana laboral és una provocació" i que d´aprovar-se, "la Unió Europea estarà tocada de mort"

El coordinador general d´EUiA espera que els irlandesos diguin ´no´ al Tractat de Lisboa el proper dijous 12 de juny

El coordinador general d´EUiA i diputat, Jordi Miralles, ha declarat avui que l´anunci de la Unió Europea (UE) de permetre la setmana laboral de 60 hores “és una provocació”. Miralles ha dit que “els que defensem l´Europa social estem en contra de la mesura i ens hem d´unir per a donar una resposta social i política contundent”.

Per EUiA, l´actual model d´Unió Europea “retalla i limita drets de les persones” de manera constant. Dos clars exemples són la proposta d´ampliació de la setmana laboral fins a 60 hores i la directiva d´immigració. Segons Miralles, pels continus atacs a les conquestes socials, democràtiques i als drets de les persones i els pobles, “aquest model d´UE està tocat de mort”.

Per a fer front a “aquest model dretà i ultraconservador que volen imposar a Europa personatges com Berlusconi i Sarkozy”, el dirigent d´EUiA proposarà al Partit de l´Esquerra Europea (PEE) i a les forces d´esquerres representades al Parlament Europeu “posicionar-se en contra i defensar la reducció de la jornada laboral i el repartiment del treball, sobretot en un moment en què els avenços tecnològics fan que es requereixi menys ma d´obra i en que l´atur va en augment”, ha explicat.

Així mateix, Miralles creu que el govern espanyol “ha de vetar aquesta antisocial, injusta i insolidària mesura” i que “el moviment sindical ha d´organitzar una resposta europea”, que comptarà amb el suport d´EUiA.

Pel ´No´ d´Irlanda

D´altra banda, Miralles ha recordat que aquest dijous, 12 de juny, Irlanda és l´únic país que, pel moment, sotmetrà a referèndum el Tractat de Lisboa. En aquest sentit, el dirigent d´EUiA, formació que defensa la consulta a tots els països de la UE, espera que “el dia 12 Irlanda digui ´no´ i s´obri una nova situació a Europa”.

Huelga del transporte

Miralles demana al govern central i al de la Generalitat que impulsin un pla estratègic pel sector del transport de mercaderies per carretera.
El coordinador general d´EUiA també ha anunciat que demanarà la celebració d´una cimera de la comissió de seguiment de l´Acord d´Entesa per a finals de novembre, “per a fer balanç i definir prioritats i nous reptes”

La vaga del transport per carretera ha centrat avui la roda de premsa del coordinador general d´EUiA, Jordi Miralles, qui ha demanat al govern espanyol “que sigui sensible i escolti les comprensibles reivindicacions del sector”. Miralles ha ironitzat en dir que espera que el govern de Zapatero doni als afectats “una resposta tan ràpida com els ha donat a les grans companyies energètiques, en acceptar la pujada de les tarifes elèctriques entre un 5 i un 6%”, i ha afegit que per l´administració central això significarà “recaptar en impostos indirectes 2.800 milions d´euros, pràcticament el 40% del que suposa la seva promesa electoral de l´ajut de 400 euros”.

El màxim dirigent d´EUiA ha reclamat “una sortida ràpida a una asfixia real” del transport de mercaderies per carretera que, més enllà de l´increment del preu dels carburants, ha atribuït a l´excessiva dependència energètica del nostre país, al fet que aquest tipus de transport hagi anat en detriment del ferroviari, a la manca d´un pla estratègic i a “les pràctiques abusives per part d´algunes empreses del sector, que tarifen els seus serveis per sota dels preus mínims marcats per l´Administració, recorrent per a fer-ho a cadenes de subcontractació i provocant així un autèntic ´dumping´ social”, en referència a la retallada de treballadors en plantilla per a que esdevinguin autònoms, amb unes condicions molt inferiors a les que tenien com a assalariats.

Davant aquesta situació, EUiA reclama que el govern central impulsi mesures per a racionalitzar el sector, que apliqui la inspecció tarifària per a frenar el dumping social i que estigui obert a l´estudi dels impostos indirectes. Quant al govern de la Generalitat, Miralles està convençut que ha de tirar endavant l´Acord Estratègic per la Competitivitat aprovat el febrer del 2005, on hi ha un apartat dedicat a ampliar la xarxa ferroviària de transport de mercaderies, i a més elaborar un pla estratègic específic pel transport de mercaderies per carretera.

Las consecuencias electorales y sociales de la Transición

Vicenç Navarro. Publicado en Temas para el Debate. Junio 2008

Una percepción generalizada en la cultura política y mediática de nuestro país es que la Transición de la dictadura a la democracia en España fue modélica. A finales de los años setenta se pasó de un sistema político carente de libertades democráticas a otro en que la soberanía procedía del voto popular y ello ocurrió sin mayores convulsiones en la sociedad. De ahí la definición de aquel proceso como modélico. Ahora bien, esta voluntad popular se ha expresado durante treinta años de democracia a través de un proceso electoral que está sesgado discriminando a las izquierdas, lo cual es resultado del gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron durante la Transición. La mejor prueba de lo que digo es mirar la evolución durante todo el proceso democrático del voto popular en las elecciones a las Cortes Españolas, por un lado, y la composición de tales Cortes, por el otro. Se puede ver que en la gran mayoría de elecciones desde que se inició la democracia, la suma de los votos a partidos de izquierda es mayor que la suma de los partidos de derecha. Las únicas excepciones fueron las elecciones del 1977 y 1979, inmediatamente después de la Transición, y las del 2000 cuando la abstención, (que aquel año fue predominantemente de izquierdas) alcanzó la cifra record de 31%. Pero en todas las otras elecciones 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2004 y 2008, los votos de las izquierdas han sido muy superiores a los votos de las derechas, siendo el margen de diferencia de 1.250.822 votos (el menor) en 1996 a 2.677.061 (el mayor) en el año 1982. Estos datos muestran que durante la mayor parte del período democrático la mayoría de la población votante en España ha sido de centro izquierda e izquierdas. Sería de esperar, por lo tanto, que en la gran mayoría de legislaturas del proceso democrático, España hubiera estado gobernada por partidos de izquierda que sumarían la mayoría en las Cortes Españolas. Esto no ha sido así. En realidad, sólo durante quince años, España ha estado gobernada por partidos de izquierda que hayan tenido tal mayoría en las Cortes. El PSOE gobernó en mayoría absoluta durante el periodo 1982-1993 y en 2004-2008 en mayoría relativa, gobernando con el apoyo de otros dos partidos de izquierda, IU-ICV y ERC. Los demás periodos estuvo gobernada por partidos conservadores UCD y PP (este último en mayoría absoluta durante el periodo 200-2004) o por el partido mayoritario dentro de las izquierdas, el PSOE, con el apoyo de partido nacionalista conservador catalán CIU (durante el periodo 1993-1996). El último ejemplo de esta disparidad entre voto popular y representatividad política se ha producido este año. Las izquierdas sumaron un millón y medio más de votos que las derechas y, sin embargo, la suma de parlamentarios de PSOE con IU-ICV y ERC no constituyen la mayoría en las Cortes y es probable que el PSOE se alíe con fuerzas conservadoras para poder gobernar. Hasta aquí los datos. Este sesgo discriminatorio en el diseño del proceso electoral respondió a una voluntad política de debilitar a las izquierdas y muy en especial al entonces Partido Comunista, que habiendo liderado la lucha contra la dictadura, era la fuerza política más temida por el establishment conservador. Así lo han indicado protagonistas de tal establishment como Herrero de Miñón, asesor al Presidente Suárez y el ex-Presidente del Gobierno Español, Calvo Sotelo. El PSOE aceptó aquel proceso porque el bipartidismo que el sistema electoral determina, le favorece. En las últimas elecciones el PSOE y el PP tuvieron 11 y 10 veces más votos y 85 y 75 veces más diputados que IU-ICV. No existe, por cierto, una sobrerepresentación de los nacionalistas catalanes (uno de derechas CIU) y otro de izquierdas (ERC) en las Cortes Españolas, como constantemente acentúan los nacionalistas españoles. CIU obtuvo el 3% de los votos y el 2,9% de los diputados y ERC, el 1,2% de los votos y menos de 0.9% de escaños. El sistema bipartidista actual desfavorece al conjunto de las izquierdas, como lo constata el hecho de que hoy es imposible la alianza PSOE-IU aun cuando es la alianza preferida por el electorado mayoritario de izquierdas, incluido el del PSOE. Las encuestas así lo confirman. Las consecuencias de lo dicho hasta ahora son muchas y han afectado negativamente el desarrollo del Estado del Bienestar en España. De nuevo, los datos hablan por sí mismos. Un buen indicador del nivel de desarrollo de tal Estado es el gasto público social por habitante. Tal indicador mide lo que el Estado se gasta en pensiones, en sanidad, en educación, en escuelas de infancia, en servicios de dependencia, en vivienda social, en servicios sociales y en otras transferencias de fondos y servicios públicos que impactan en la calidad de vida de la ciudadanía. En Europa hay una relación clara entre años de gobierno de centro izquierda e izquierda en un país y su gasto público social por habitante habiendo alcanzado niveles más altos en los países escandinavos, donde la social democracia ha gobernado durante mayor número de años en los últimos sesenta años. Esta relación se da también en España donde, en el mismo periodo, las derechas han gobernado durante más tiempo, siendo esta la principal causa del subdesarrollo social de España. Así cuando el Dictador murió en 1975, España tenía el gasto público social más bajo de Europa como resultado de cuarenta años de una dictadura enormemente represiva y con muy escasa sensibilidad social. El advenimiento de la democracia permitió ir corrigiendo este gran déficit social, aumentando tal gasto de una manera muy acentuada en el periodo 1982-1993 de gobierno del PSOE con mayoría absoluta. En las elecciones del 1993, el PSOE perdió la mayoría y se alió con CIU, el Partido nacionalista de centro-derecha de Cataluña, iniciándose un periodo de austeridad de gasto social que continuó más tarde con los gobiernos del PP, aliado en el periodo 1996-2000 con CIU, y en mayoría absoluta durante el periodo 2000-2004. En el periodo 1993-2004, el déficit de gasto social de España con el promedio de la Unión Europea de los Quince aumentó nada menos que un 56%. La convergencia económica de nuestro país con la UE-15 no fue acompañada de una convergencia de gasto público social. Antes, al contrario, hubo una desconvergencia que se interrumpió a partir del 2004, cuando el partido socialista gobernó con el apoyo de IU-ICV y ERC. Durante el período 2004-2008 el déficit de gasto público social de España con el promedio de la UE-15 se comenzó a reducir debido a las políticas sociales desarrolladas por el PSOE, con el apoyo IU-ICV y ERC. Esta reducción, sin embargo, fue lenta e insuficiente para cubrir el enorme déficit de gasto público social que tenemos en nuestro país y que se traduce en que mientras el PIB per capita de España ya es el 96% del promedio de la UE-15, el gasto público social per cápita es sólo el 67%, siendo el nuestro uno de los más bajos de la UE-15. Me temo que, al tener que aliarse el PSOE con los partidos nacionalistas conservadores se vuelva a repetir la experiencia de 1993, cuando en momentos de crisis económica como ahora, dejó de corregirse el déficit público social español. Y ello a pesar de que la mayoría de la población votó entonces y continúa votando ahora a partidos de izquierda deseando la convergencia no solo económica sino social con la UE-15. Si ello ocurre, podremos ver, una vez más, los costes de como se hizo la transición.

Izquierda Unida exige a Sebastián que no actúe “como un iluminado” al servicio de las eléctricas

El responsable de Economía de IU, Javier Alcázar, reclama al Gobierno que sea “más ambicioso y aplique una ‘tramificación social’ real del recibo que beneficie a las economías más modestas y que no sirva sólo para ocultar la desaparición de la tarifa nocturna

Madrid, 5 de junio de 2008
Izquierda Unida considera que el Gobierno socialista ha elegido “ponerse al lado de las grandes compañías eléctricas y dejar que las economías domésticas más modestas y los consumidores de las pequeñas empresas paguen la escandalosa subida real de la luz en el conjunto de 2008, que el Gobierno trata de ocultar a base verdades a medias y tramposas medidas sociales”.

El coordinador ejecutivo de Economía y Trabajo de IU, Javier Alcázar, exige al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, que deje de actuar “como un iluminado” al servicio del oligopolio eléctrico que mantienen unas compañías “que están en los últimos ejercicios en números record de beneficios”.

“Sebastián y los responsables económicos socialistas tratan de maquillar que el recibo de la luz subirá en el conjunto de 2008 cerca de un 9%, más del doble de la inflación que se espera al final del año. El Gobierno se esfuerza sin éxito en que olvidemos ahora que al incremento entre el 5 y 6% que nos aguarda el mes próximo hay que sumarle el 3,3% que ya subió en enero”.

Además, Alcázar insiste en que la denominada ‘tarifa social’ que se esfuerza en ‘vender’ el Gobierno “es sólo un leve maquillaje que afecta a cerca de 4,5 millones de contadores con potencias contratadas de hasta 3 kilovatios, que en buena parte no son hogares reales como quiere hacer creer el ministro, ya que el contrato para el consumo normal de un hogar-tipo español está entre 3,4 y 4,6 kilovatios, por lo que la inmensa mayoría se quedará fuera de estas supuestas rebajas”.

El responsable económico de Izquierda Unida reclama al Gobierno que “en lugar de hacerse trampas al solitario sea más ambicioso y acepte nuestra propuesta de aplicar una ‘tramificación social’ de verdad para que las economías más modestas no vean aumentar el recibo de la luz, y prime el ahorro y el consumo responsable penalizando los gastos de energía suntuarios y excesivos”.

Javier Alcázar pone dos ejemplos claros. “En primer lugar, las grandes empresas gozan de ventajosas tarifas al pagar tan solo 2, 423 céntimos de euro por kilovatio hora, mientras los consumidores domésticos -pensionistas y parados incluidos-, lo pagamos a 7,960 y las pequeñas empresas a 10,822 céntimos”, detalla.

“En segundo lugar –añade-, el 1 de julio el Gobierno socialista suprime la tarifa nocturna y modifica de forma unilateral y gravosa para cerca de 1 millón de hogares las condiciones firmadas en el contrato de suministro de energía eléctrica entre la empresa suministradora y el particular en lo relativo a la potencia contratada y el tipo de tarifa”.

“Lo que realmente les va a pasar a esas familias –denuncia Alcázar- es que no se ha contemplado ninguna medida de compensación a los afectados. No se reparten cargas ni costes entre los usuarios y las empresas distribuidoras. Según nuestros datos, y contando ya con la coartada que emplea el Gobierno de ampliar el número de ‘horas valle’ de 8 a 14, la subida media del recibo de la luz para quienes contrataron la tarifa nocturna superará el 40%. Además, correrán a cargo del consumidor todos los costes del cambio, que sólo en el caso del sistema de calefacción puede ser entre 400y 500 euros”.

El dirigente de IU advierte también al PP que “deje de hacer ahora populismo con esta cuestión. Buena parte de los problemas que ahora se arrastran provienen de la injusta ‘Ley Piqué’ que desde hace años ha extendido la incertidumbre para los usuarios y ha maximizado los beneficios para las eléctricas, mientras siguen sin tener ninguna obligación concreta para realizar las inversiones necesarias para impulsar un plan de ahorro energético y una modernización de nuestra red eléctrica”.

Cumbre FAO:El mundo sólo necesita 30 000 millones de dólares anuales para erradicar la amenaza del hambre

Casi 1000 millones de personas no tienen lo suficiente para comer.Cada año el hambre mata 12 millones de niños en todo el mundo. Porqué lo toleran los gobiernos, porqué lo toleramos?

Algunas reseñas de intervenciones de los mandatarios:
"En la actualidad hay 862 millones de personas en el mundo sin acceso adecuado a los alimentos, recordó el responsable de la agencia de Naciones Unidas. Pero la presente crisis alimentaria ha ido más allá de su dimensión humanitaria tradicional ya que también ha afectado a los países desarrollados, en donde se ha disparado la inflación. " segun el Director General de la FAO, Jacques Diouf,

Tambien , la directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el gigante asiático, Victoria Sekitoleko afirmó que China no sufre problemas de Alimentación.
En declaraciones en Pekín, la ugandesa Sekitoleko dijo que 'el gigante asiático no padecerá la crisis porque el país cuenta con una sobreproducción de alimentos y dispone de buenas reservas'.
Mientras se celebra en Roma la cumbre de seguridad alimentaria organizada por la FAO, la ex ministra de Agricultura de Uganda destacó la importancia de este país para alimentar no sólo a su ingente población, sino también al resto de la región.
'China está muy cerca de la autosuficiencia en la producción. Y esto es importante porque lo que produce el país también da de comer a muchas naciones vecinas, lo que supone alrededor de 22 por ciento de la población mundial', agregó la especialista.
China cuenta con 7.0 por ciento del total de la tierra arable en el mundo, lo que le sirve para alimentar a más de mil 300 millones de personas.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, criticó las políticas que "empobrecen a los vecinos" y el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, fustigó el proteccionismo de los países ricos, al iniciarse este martes en Roma una cumbre sobre la crisis alimentaria mundial.

Clicka para leer la Intervención de Lula en la reunión de la FAO